Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de
modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las
libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la
cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios,
profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme
oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la
privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela
judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo
competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin
sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el
artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no
judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la
potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier
página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el
sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos
de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación
de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y
ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y
entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos
avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la
creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen
prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de
multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho
a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y
actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con
cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a
este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio
se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es
posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro
modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para
sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y
que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de
limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que
dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias
políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar
obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga
siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la
Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como
marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara
al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad
intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el
conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las
entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse
tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente
a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios
legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no
orgánica y que versa sobre otra materia
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